La Transición política y la España democrática

LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: ¿REFORMA O RUPTURA? (1975-1977)

La muerte de Franco dio paso a una nueva etapa en la historia de España: la transición a la democracia. A pesar de las medidas articuladas por el régimen, no existía un proyecto claro de evolución política, pero en ese momento, hasta los propios franquistas reconocían la necesidad de algún cambio.

El intento de evitar por todos los medios una nueva ruptura de la sociedad española se convirtió en el objetivo político prioritario, y contó con el apoyo de la Corona y de los numerosos sectores antifranquistas que surgieron en clandestinidad. NO obstante, el pulso entre sectores reformistas y sectores rupturistas originó momentos de crisis.

La lentitud con que avanzaban las reformas y los problemas que ya causaba la crisis económica, le daban cada vez más argumentos a los que apostaban por la ruptura democrática (aperturistas) con el franquismo, es decir, por la formación de un nuevo sistema político de manera rápida y revolucionaria, si era necesario. Para darles cohesión a sus formulaciones, en marzo de 1976, los dos principales organismos de la oposición se fusionaron en la Coordinadora Democrática, conocida como Platajunta.

1.                  El desmantelamiento legal del franquismo

Teniendo en cuenta las circunstancias y las tímidas reformas de Arias Navarro, el monarca provocó la dimisión de Arias Navarro (1 de julio de 1976) y, gracias a las gestiones de Fernández-Miranda en el Consejo del Reino, logró nombrar presidente del gobierno a Adolfo Suárez. La mayoría de la oposición interpretó este nombramiento como un freno al proceso de reforma, ya que los antecedentes políticos de Suárez eran franquistas. Con todo, en su primera alocución televisiva exponía que «los gobiernos del futuro serán el resultado de la voluntad de los españoles», e iniciaba un proceso de desmantelamiento de la dictadura a partir de la propia legalidad franquista.

Para hacer más creíbles sus intenciones reformistas, Suárez concedió una generosa amnistía (30 de julio de 1976) e inició una serie de contactos periódicos con la oposición para implicarla en el proceso de reforma. Fue así como comenzó a abrirse camino a la estrategia de la ruptura pactada, es decir, una vía que intentaba da un paso a otro sistema, pero comenzando por el desmantelamiento paulatino de la estructura y de la legislación heredadas del régimen anterior.

Esta transición «de la ley a la ley», como diría Fernández-Miranda, se consideraba absolutamente necesaria para deslegitimar cualquier intento de involución política, ya que parte de las Fuerzas Armadas amenazaban con conspiraciones. A principio de septiembre, Suárez se entrevistó con los principales generales en activo y los tranquilizó sobre sus intenciones, que fueron aceptadas con la condición implícita de que no se legalizase el Partido Comunista. El proceso aperturista culminó cuando las Cortes franquistas le dieron su aprobación (425 votos en favor, 59 en contra y 13 abstenciones) al proyecto de Ley para la Reforma Política. A continuación, Suárez convocó el 15 de diciembre de 1976 un referéndum para que el pueblo español se pronunciase sobre dicha Ley. La oposición moderada propició el sí y la de izquierdas defendió sin demasiado énfasis la abstención. El resultado fue favorable a la reforma por una amplia mayoría. 

2.                  La legalización de la oposición

Un paso fundamental para el establecimiento de un sistema democrático era la legalización de los partidos políticos de la oposición, que seguían siendo clandestinos. En 1976 el PSOE, aunque aún era ilegal, celebró públicamente su XXVII Congreso, en el que recibió el apoyo de la Internacional Socialista. En enero de 1977 se inició la legalización de la mayoría de los partidos políticos.

El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, provocó su detención al regresar de su exilio, la finales de 1976, y obligó el gobierno de Suárez a resolver la incómoda cuestión de la legalización de los comunistas. La actitud moderada del PCE al encajar con una gran serenidad el asesinato de cinco militantes comunistas por parte de un comando de extrema derecha (matanza de Atocha), su compromiso de no cuestionar la monarquía y la presión ejercida polo conjunto de la oposición a través de la Comisión de los Nueve llevaron a Suárez a legalizar el PCE, el grande enemigo del franquismo, el 9 de abril de 1977 (Sábado Santo).

Las Fuerzas Armadas expresaron su protesta y el ministro de Marina presentó su dimisión. La situación se volvió a crispar, pero Suárez continuó negociando con la oposición. Pronto adoptó medidas como la disolución del Tribunal de Orden Pública, del sindicato vertical y del Movimiento Nacional, así como la ampliación de la amnistía y la convocatoria de elecciones para elegir Cortes constituyentes.

3.                  Las elecciones a las Cortes Constituyentes

Después de que se garantizase la pluralidad política, los partidos se prepararon para concurrir a las primeras elecciones democráticas que tenían lugar en España desde los tiempos de la República. A ellas concurrieron, además de los partidos legalizados que habían actuado desde la clandestinidad, otras agrupaciones políticas de reciente aparición. Suárez promovió y lideró la Unión de Centro Democrático (UCD) que, como la derechista Alianza Popular (octubre de 1976), era una coalición heterogénea y poco cohesionada de antiguos franquistas y de partidarios de la reforma. Mientras AP se decantaba por la derecha y mantenía bastantes trazos autoritarios y conservadores, los centristas eran más reformistas e incorporaban grupos democristianos, liberales y socialdemócratas.

En las elecciones del 15 de junio de 1977, el electorado español apoyó la estabilidad de los que había iniciado la reforma política. La UCD obtuvo una mayoría relativa (166 diputados), seguida por el PSOE  (118 diputados). EL PCE sufrió una fuerte decepción (19 diputados) que dejó perplejos a sus seguidores, pues se consideraban la reencarnación de la resistencia antifranquista. Alianza Popular (16 diputados) vio como el electorado penalizaba el excesivo apego al franquismo, mientras que la extrema derecha fue barrida del arco parlamentario. En cambio, los grupos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco obtuvieron unos resultados que pronosticaban  su futuro protagonismo

EL PERÍODO CONSTITUYENTE: UNA ETAPA DE CONSENSO (1977-1979)

El gobierno de UCD y las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio se enfrentaron a dos retos históricos fundamentales:

-                    Por un lado, era preciso atajar la crisis económicas y definir un nievo sistema de relaciones laborales.

-                    Por otro, se tenía que construir un nuevo marco político democrático a través de una Constitución.

En ambos casos, el gobierno y la oposición consiguieron llegar a acuerdos consensuados. Algo parecido ocurrió con una de las cuestiones más espinosas de la nueva democracia: la necesidad de entregar las reivindicaciones de las nacionalidades históricas, evitando cuestionar la unidad de España.

1.                  La necesidad de consenso económico: los Pactos de la Moncloa

A medida que avanzaba la década, se hacían más patentes los graves problemas económicos derivados de la mayor crisis económica mundial desde la gran depresión de 1929. Había una serie de signos inequívocos, como el estancamiento del PIB, la inflación galopante, el incremento del déficit público y, sobre todo, el aumento espectacular de las cifras de paro, ya que a los despedidos en España se les sumaban los emigrantes despedidos en Europa.

El modelo económico franquista favoreció, como vimos, la expansión de la crisis. La inexistencia de una política fiscal adecuada impedía afrontar problemas y corregir los desequilibrios. Además, las dificultades derivadas de la inestabilidad política provocada por la transición democrática habían llevado los gobiernos a no tomar medidas correctoras que pudieran resultar impopulares, como recortes salariales o cierre de empresas públicas.

Ante esta situación, todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieron de acuerdo en la necesidad de resolver estos problemas de forma consensuada, como una manera de reforzar el proceso constituyente que se estaba llevando a cabo. Así, el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, auténticamente excepcionales, ya que en todas las negociaciones económicas y laborales posteriores sólo intervinieron el gobierno correspondiente, los sindicatos y la patronal.

Además de darle estabilidad al mundo de las relaciones laborales, estableciendo límites a los aumentos salariales y diseñando un ambicioso plan de ocupación, los Pactos de la Moncloa sirvieron para frenar la tendencia negativa de la economía y redujeron la inflación y el déficit exterior, aunque no lograron detener el incremento del paro.

Tras estos pactos, se aprobaron otras medidas complementarias, como la ley de medidas urgentes para la reforma fiscal, que acabó con el reaccionario sistema tributario del franquismo, y la ley que reestructuraba la Seguridad Social y creaba el INEM (Instituto Nacional de Empleo).

2.                  El consenso sobre el marco político: la Constitución de 1978

El primer paso hacia la elaboración de la Constitución fue la creación de una comisión encargada de su redacción integrada por diputados de los diferentes partidos. Al no existir una mayoría clara y ante el peligro de que la Constitución quedase en papel mojado si era aprobada con poco apoyo, los partidos decidieron optar por la vía del conssenso. Los acuerdos no fueron fáciles en temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, el sistema electoral, etc. En total fueron dieciséis meses de discusiones que fructificaron en la redacción de una carta magna, de la que podemos destacar las siguientes características:

-          La amplia declaración de derechos y libertades de los españoles, que se inspiró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que contrastaba con el carácter restringido que habían tenido estos derechos y libertades durante la dictadura. También se hacía referencia a algunos deberes inexcusables para el mantenimiento del Estado, como es el pago de impuestos.

-          La definición del sistema político español como una monarquía parlamentaria, en la que el Rey, como Jefe de Estado, arbitra entre las diferentes instituciones, pero no tiene poder ejecutivo.

-          La división de poderes. El legislativo correspondió a las Cortes, integradas por el Congreso de los Diputados y por el Senado, dos cámaras elegidas por sufragio universal, directo y secreto para un mandato de cuatro años. El ejecutivo recayó en el gobierno, integrado por el presidente, elegido por el Congreso de los Diputados, los vicepresidentes y los ministros. Por último, el poder judicial correspondió a los jueces y magistrados, coordinados en última instancia por el Tribunal Supremo.

-          Este cuadro de instituciones se completó con otras dos: el Tribunal Constitucional, que se encargaría de interpretar ,a Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del Pueblo, que tiene por misión atender directamente a los ciudadanos, velando por el respeto de sus derechos y libertades.

-          La descentralización del Estado, pues la Constitución contemplaba la posibilidad de que las regiones y nacionalidades pudiese optar por convertirse en comunidades autónomas, integradas por provincias y municipios. 

-          El nuevo marco legal fundamental fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y fue aprobado con un 88% de votos positivos y sólo un 8% de negativos. La abstención fue del 33%, y en el caso del País Vasco se elevó al 54,5%, ya que los nacionalistas vascos propugnaron la no-participación en los comicios.

3.                  La organización del nuevo Estado autonómico

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 quedaba claro que se debían atender las reivindicaciones autonomistas de las nacionalidades históricas, Cataluña y el País Vasco sobre todo, de las que se habían hecho eco los partidos nacionalistas con mayor representación (PNV y CDC) y, en general, toda la izquierda parlamentaria.
Si bien nadie discutía la necesidad de instaurar la autonomía en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, la unanimidad desaparecía a la hora de determinar los límites geográficos y competenciales del proceso de descentralización que suponía la implantación de un Estado autonómico.

Ante la generalización de las manifestaciones populares en favor de la autonomía también en otras regiones, el gobierno de Suárez optó por generalizar la creación de autonomías, una solución que sería conocida cómo café para todos. En Cataluña y en el País Vasco esta acción fue interpretada como un intento de diluir el nacionalismo histórico y de rebajar el alcance de sus reivindicaciones, mientras que para los sectores del búnker, los franquistas que seguían ocupando puestos clave de la Administración y que promovían la involución, era el camino hacia la inmediata desintegración de la patria.

Mientras, en Cataluña casi un millón de personas se manifestaron en favor de la autonomía el 11 de septiembre de 1977. Un mes después regresaba el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y se restableció con carácter provisional el gobierno autónomo. A Generalitat provisional se encargó de negociar con el gobierno central los traspasos de competencias al largo de 1978, mientras una comisión de parlamentarios elaboraba el proyecto de Estatuto de autonomía.

En el País Vasco el proceso fue similar, aunque el contexto resultaba mucho más crispado, tanto polo rechazo del nacionalismo moderado (PNV) a aprobar la Constitución como por la campaña del nacionalismo radical en contra de cualquier negociación que no contemplara la independencia de Euskadi. Al largo de 1978 se elaboró el proyecto de Estatuto de autonomía, llamado de Guernika.

Los dos proyectos fueron presentados a las Cortes para su ratificación y sufrieron recortes, aunque finalmente se ofrecieron unos niveles de autonomía superiores a los de los estatutos de la Segunda República, especialmente en el caso vasco. Ambos estatutos fueron aprobados en su respectivo referéndum el 25 de octubre de 1979. En estos mismos años, dio comienzo el proceso de elaboración y tramitación del Estatuto gallego.

LA DEMOCRACIA AMENAZADA (1979-1982)

Los primeros pasos de la democracia se vieron seriamente amenazados por la crecente acción desestabilizadora del terrorismo, así como del golpismo militar. El recrudecimiento de la crisis económica acabó con una primera etapa de consenso y dio paso a otra de crispación, que culminó con el desgaste de UCD, por causa de las disensiones internas y de la presión de la oposición. La intentona golpista del 23-F cerró este agitado período.

1.                  La escalada terrorista

El problema más grave con el que se enfrentó el gobierno de Suárez fue la enorme tensión provocada por la escalada terrorista, que alimentaba los manifiestos antidemocráticos del búnker franquista y fomentaba el golpismo en el seno de las Fuerzas Armadas. A partir de 1977, ETA intensificó su actividad, con el objetivo de que el gobierno aceptara el programa para la independencia de Euskadi elaborado por KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista). Su acción armada se vio complementada por la actividad política desarrollada desde Herri Batasunha, una coalición electoral aparecida en octubre de 1978 que obtuvo más del 15 % de los votos en las elecciones autonómicas vascas de 1980.

Al terrorismo de ETA se le había sumado lo de otros grupos de extrema izquierda: el FRAP y el GRAPO. El primero, tras perpetrar varios atentados contra las fuerzas de orden pública, acabó desapareciendo al final de la década. La actuación de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) fue mucho más contundente y también más oscura, pues no estaban muy claros sus principios de actuación. El objetivo de todas estas organizaciones terroristas era minare la credibilidad de la naciente democracia y muchos de sus atentados estaban dirigidos contra las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.

2.                  El descrédito del gobierno de UCD

Tras la aprobación de la Constitución, se convocaron elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Suárez hizo rentable su actuación como promotor de la reforma pacífica de la dictadura y logró un joven triunfo electoral. No obstante, en las elecciones municipales del 3 de abril se produjo el triunfo de la oposición de izquierdas (40,6 % de los votos de PSOE y PCE, frente al 31,3 % de UCD). En virtud de los pactos postelectorales «de progreso», PSOE y PCE alcanzaron las alcaldías de 27 capitales de provincia, entre ellas Madrid y Barcelona. El gobierno de Suárez estuvo sometido a un duro desgaste, que se incrementó por el proceso de descentralización autonómica, lo cual despertó los recelos del ejército y de los poderes fácticos. A principios de 1980, optó por desacelerar el proceso descentralizador y acordó proponer la vía del artículo 143 de la Constitución como «vía lenta» de acceso a la autonomía, excepto para las comunidades históricas, que lo hicieron siguiendo el artículo 151, la «vía rápida». Inmediatamente surgieron recelos en las demás regiones, que parecían quedar relegadas la una segunda categoría en el proceso autonómico.

En febrero de 1980, los andaluces votaron en referéndum en favor de su homologación a las nacionalidades históricas. Poco después los centristas sufrieron un impresionante descenso en las elecciones autonómicas del País Vasco y de Cataluña, donde UCD se convirtió en la cuarta fuerza política. En diciembre de 1980, Galicia aprobó en referéndum su Estatuto de Autonomía, ratificado por las Cortes en 1981.

Las diferencias entre gobierno y oposición se acentuaron y, tras la etapa de consenso, el PSOE comenzó a realizar una dura crítica a Suárez que culminó con la presentación de una moción de censura en el mes de mayo, que no prosperó por la estrecha margen de 14 votos. Además del acoso de la oposición, Suárez tuvo que hacerle frente a la progresiva desintegración de su propio partido, en el que la falta de unidad se ponía de manifiesto ante algunos asuntos controvertidos, como la ley del divorcio, la reforma fiscal y la descentralización autonómica. Su liderazgo era cada vez más contestado por los llamados barones de la UCD: Francisco Fernández Ordóñez, que encabezaba el sector socialdemócrata, Fernando Álvarez de Miranda, líder de los democristianos, y Joaquín Garrigues Walker, de los liberales.

3.                  Las presiones golpistas: el 23-F

En 1975, un grupo de las Fuerzas Armadas estaba vinculado sentimental e ideológicamente a Franco. Además, los grupos terroristas de extrema derecha no dejaron de actuar durante la transición. Por otra parte, la vía reformista hacia la democracia no había previsto ninguna depuración de la Administración, ni de las fuerzas de orden pública, ni del ejército. Los sectores nostálgicos del franquismo creían que continuaban controlando de hecho los aparatos del Estado, y no perdían la ocasión de promover una involución hacia la dictadura. Los entierros de las víctimas del terrorismo se convirtieron en manifestaciones del búnker, en las que se oían gritos como «Ejército al poder».

La jerarquía militar se había sentido traicionada por Suárez cuando este decidió legalizar el Partido Comunista. Más tarde, la cúpula del ejército había impedido que se les concediera una amnistía a los militares de la UMD. Además, había ejercido presiones sobre los ponientes de la Constitución para que no se suprimiera la pena de muerte del Código de Justicia Militar, para que no se permitiera la objeción de conciencia militar y para que se limitaran las atribuciones de las comunidades autónomas.

El nombramiento del teniente general Gutiérrez Mellado cómo vicepresidente para Asuntos de la Defensa le permitió a Suárez controlar momentáneamente el descontento militar y mantener la disciplina. Sin embargo, los rumores de conspiración (el llamado «ruido de sables») fueron casi permanentes y el clima de descontento impulsó algunos jefes militares a conspirar contra la democracia. En noviembre de 1978 fue desarticulada la Operación Galaxia llevada a cabo por un grupo de militares que pretendían secuestrar el gobierno en el palacio de la Moncloa y establecer una junta militar. La finales de enero de 1981, Suárez presentó su dimisión ante lo acoso de la oposición socialista y la contestación en el seno de su propio partido.

Pocos días después, los reyes visitaron la Casa de Juntas de Gernika y fueron agraviados polos gritos de los representantes de Herri Batasunha. Ante esta situación, la trama golpista se decidió a actuar anticipadamente argumentando el «estado de necesidad» en el que se encontraba España: carencia de un liderado claro, descomposición autonómica, terrorismo y crisis económica.

El día 23 de febrero, mientras se desarrollaba el debate de investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, un destacamento de guardas civiles bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero ocupó el Congreso y secuestró los diputados. Mientras, en Valencia, el teniente general Jaime Milans de él Bosch decretó el estado de excepción y desplegó las tropas por la ciudad, y en los cuarteles de toda España se vivieron momentos de máxima tensión. Sin embargo, la intervención televisada del rey pidiéndoles a los militares el acatamiento de la orden constitucional acabó de convencer los indecisos de las escasas probabilidades de éxito del golpe de estado. El 24 de febrero, las tropas que habían asaltado el Congreso se rindieron y los diputados que habían sido retenidos salieron ilesos.

4.                  Calvo-Sotelo y el fin de UCD

El fracaso del golpe de estado del 23-F revitalizó la democracia española, que vivía el momento más crítico de la transición. Dos días después se celebraron manifestaciones multitudinarias en defensa de la orden constitucional y Leopoldo Calvo-Sotelo fue invertido presidente del gobierno por mayoría. Se recobró el espíritu de consenso y se pactaron el Acuerdo Nacional polo Empleo (junio de 1981) y la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA, julio de 1981). Esta última permitió unificar los criterios del gobierno y de la oposición sobre la elaboración de estatutos de autonomía. De todos modos, no tardaron en resurgir las discrepancias. Con la oposición de izquierdas, el enfrentamiento se produjo por la decisión de UCD de incorporar España en la OTAN (1982), a pesar de que los socialistas y los comunistas pedían que el tema se sometiera a referéndum.

A partir de 1979, además, se inició una joven recesión de la economía española. La joven alza de los precios del petróleo evidenció el retraso con que se había abordado el problema de la dependencia del suministro de este producto. El crecimiento de la economía siguió siendo cada vez más lento, lo del PIB fue inferior al 1 % entre 1979 y 1982, el déficit de la balanza de pagos crece aún más y el paro siguió aumentando, de modo que en 1982 llegó a afectar la más de dos millones de personas.

Una situación económica tan preocupante requeriría una acción decidida del gobierno para aplicar una política de acoplamiento, pero las tensiones internas de la UCD impidieron. La gestión de Calvo-Sotelo se vio entorpecida sobre todo por la desintegración de su propio partido: primero, 15 diputados y senadores socialdemócratas, encabezados por Fernández Ordóñez, abandonaron UCD; después, Calvo-Sotelo fue sustituido por Landelino Lavilla cómo presidente de UCD; y, finalmente, Suárez abandonó el partido y fundó el Centro Democrático y Social (CDS). Tras varias remodelaciones del gobierno, Calvo-Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 y convocó elecciones legislativas anticipadas para octubre de ese incluso año. En estos comicios, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta. A partir de octubre de 1982, la política española entró en una fase de normalidad, que les afectó a la alternancia en el poder, a la previsible y rápida entrada en la CEE, a la incorporación definitiva a la OTAN y a la finalización del proceso autonómico. A cuyo objeto se pode considerar esta fecha como la del final de la transición y del inicio de la consolidación de la democracia en España.

EL PROCESO AUTONÓMICO EN GALICIA

Después de la muerte de Franco, la movilización política y social en Galicia, igual que en el resto del Estado, tendiente a promover la transición democrática y el establecimiento de la autonomía para Galicia, dio lugar a una intensa actividad política. Todas las propuestas políticas reconocieron la identidad política de Galicia.

El proceso autonómico

En Galicia, los sectores que defendieron la reforma política fueron la Junta Democrática de Galicia, creada en 1975 y liderada por el Partido Comunista de Galicia, y la Plataforma de Convergencia articulada por la Federación Gallega del PSOE. Un año después, estas fuerzas se unen y agrupan la toda la oposición de izquierdas no-nacionalistas de Galicia en la Tabla Democrática de Galicia, que propone la articulación de Galicia en una autonomía dentro de España y la recuperación del Estatuto de Autonomía de 1936.

Por el contrario, las fuerzas políticas nacionalistas, agrupadas en el Consejo de Fuerzas Políticas Gallegas, creado en 1976, defendieron la estrategia de la ruptura y el derecho de autodeterminación política de Galicia. Después de la aprobación de la Ley de la Reforma Política, Suárez convocó una comisión negociadora de la reforma política, en la que participó Galicia. La esta Comisión de los Diez acudió por parte de los gallegos Valentín Paz Andrade en representación de la Tabla. En octubre de 1976, la Tabla se adhirió a la Plataforma de Convergencia Democrática de España, y por lo tanto participó en el proceso de reforma política. Tras las elecciones generales, en 1977, se constituyó una Asamblea de Parlamentarios de Galicia, que comenzó a trabajar para la instauración de un régimen de preautonomía y a elaborar un anteproyecto del documento estatutario. En 1978 Galicia dispuso de un régimen preautonómico y se constituyó la Xunta de Galicia cómo órgano de gobierno, presidida por Antonio Rosón (de la UCD). Este nombró una comisión, «la Comisión de los 16», encargada de la redacción de un proyecto de Estatuto.

El texto salido de esta comisión sufrió muchas modificaciones y atrancos. Así es, el proceso de elaboración y tramitación estatutaria pasó por dificultades cuando la UCD introdujo en el Estatuto redactado por la «Comisión de los 16» modificaciones que recortaban competencias y limitaban las facultades de autogobierno. Esto provocó un grano descontento en los partidos políticos y en la opinión pública, por lo que se produjeron en diciembre de 1979 importantes movilizaciones populares contra lo que se denominó el «Estatuto del insulto». En septiembre de 1980 las fuerzas políticas gallegas llegaron la un acuerdo sobre el texto que finalmente se sometería a referéndum popular. El 21 de diciembre de 1980 se celebró el referéndum para la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia y el 73% de los votos se pronunció en su favor. Después, el proyecto fue ratificado por las Cortes, se aprobó cómo Ley Orgánica el 6 de abril de 1981, y entró en vigor a partir diera momento. Después de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, se celebraron las primeras elecciones autonómicas para elegir el primero Parlamento de Galicia en octubre de 1981 que le dieron el triunfo al centro derecha. Se constituyó el Parlamento de Galicia que eligió a Xerardo Fernández Albor, candidato de AP, como presidente de la Junta. A partir diera momento y aplicando el Estatuto, comienza la etapa autonómica, remata la transición democrática en Galicia y estorbe la organización política y administrativa de nuestra comunidad.

El Estatuto de Autonomía de Galicia

El Estatuto de Autonomía de Galicia es la norma fundamental por la que se rige la organización política de nuestra comunidad. En el estatuto se recogen la Administración institucional y administrativa gallega, el ámbito territorial, la condición de gallego y la lengua propia de Galicia, los ámbitos sobre los que nuestra comunidad tiene competencias para legislar y gobernar y los símbolos propios de Galicia.

Art. 1.1. Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma para acceder a su autogobierno, en conformidad con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que és su norma institucional básica.

Art. 1.3. Los poderes de la comunidad autónoma de Galicia surgen de la Constitución, del presente Estatuto y del Pueblo.

Art. 2.1. Nuestro territorio de Galicia lo abarcan las actuales provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Art. 5.1. La lengua propia de Galicia es el gallego.

Art. 5.4. Nadie puede ser discriminado por causa de la lengua.

Art. 6.1. La bandera de Galicia es blanca, con una banda diagonal de color azul que atraviesa desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho.

Art. 6.2. Galicia tiene himno y escudo propios.

Art. 9.1. Los poderes de la comunidad autónoma se ejercen a través del Parlamento, de la Xunta y de su Presidente.

Art. 11.1. El Parlamento estará constituido por diputados elegidos por sufragio universal, igual, libre derecho y secreto [...].

Art. 16.1. La Xunta es el órgano colegiado del gobierno de Galicia.

Art. 16.2. La Xunta de Galicia está compuesta por el Presidente, Vicepresidente, o Vicepresidentes en su caso, y Consejeros.

Art. 21. El O Tribunal Superior de Justicia de Galicia […] es el órgano jurisdiccional en que culminará la organización judicial en su ámbito territorial.

Organización política y territorial de Galicia

Organización política

Las principales instituciones de nuestra comunidad son:

-          El Parlamento de Galicia. Como poder legislativo, elabora y aprueba las leyes autónomas y controla el gobierno autonómico. Sus miembros (75 deputados) son elegidos por los ciudadanos cada cuatro años y representan a todos los habitantes del territorio.

-          La Xunta de Galicia. Tiene funciones ejecutivas y administrativas. El Presidente de la Xunta ejerce la representación de la comunidad, dirige al gobierno autonómico y nombre a los consejeros. 

-          El Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es la institución judicial de mayor categoría de nuestra comunidad.

Organización territorial

La organización territorial de nuestra comunidad se estructura en tres niveles: los ayuntamientos, las comarcas y las provincias. El territorio gallego se organiza en 4 provincias, 53 comarcas y 315 ayuntamientos.  En 1997 se aprobó el mapa comarcal por lo que Galicia se divide en 53 comarcas. Se trata de entidades territoriales con personalidad jurídica y demarcación de por sí que comparten una serie de similitudes y afinidades que las singularizan (condiciones naturales, características históricas etc.). Cada comarca comprende varias parroquias y ayuntamientos. La parroquia tiene escasa entidad política y administrativa, pero a su redor se desarrolla toda la vida socioeconómica del campo gallego. Está compuesta por varias aldeas con un núcleo central en el que se localiza la iglesia. Galicia cuenta con más de 3000 parroquias.